DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La red por la verdad y la libertad es una plataforma de reflexión y actuación ciudadana creada por organizaciones no gubernamentales, intelectuales, académicos y personalidades de la sociedad civil, que aspira a orientar el debate público de los países latinoamericanos conforme al sentido común y a la defensa de la dignidad de la persona humana.

La crisis social, política y económica en nuestro continente echa raíces que penetran la crucial relación entre la verdad y la libertad. En la cultura contemporánea de “pensamiento débil” se da por válido que el relativismo -entendido como la convicción de que no existen verdades objetivas, o que la verdad y el bien dependen de la apreciación subjetiva de cada persona o grupo- es la opción moral más adecuada para los sistemas democráticos. Luego, se sigue que quienes se abren a la búsqueda de la verdad en un sentido objetivo -derivándola de la naturaleza humana- son puestos bajo la sospecha de la intolerancia o de la deslealtad con la democracia. Y, como consecuencia, se debilita la libertad porque, si no existen verdades objetivas sobre las cuales asentar las relaciones sociales, la democracia y la convivencia política se reducen a un mero juego de poder en el que prevalece el más fuerte. Paradójicamente, la visión relativista de la vida moral ha ocasionado -en nombre de la libertad de la persona- los peores holocaustos de la humanidad.

Pero la historia demuestra que la verdad y la libertad deben crecer acompasadamente para impedir que ambas mueran en el horizonte de lo humano. La solución de los graves problemas latinoamericanos -que alcanzan dimensiones espirituales y antropológicas- requiere, por tanto, superar agendas ideológicas y reduccionismos culturales para construir caminos de concordia en la vivencia común de la verdad y en el ejercicio responsable de la libertad. Por eso, reverenciando la dignidad humana y respetando las posiciones de todos, así como queriendo colaborar con la edificación de una cultura del diálogo alrededor de la verdad y del genuino sentido de la libertad, orientamos nuestros esfuerzos en torno a los siguientes principios:

Dignidad humana. Toda persona es única e irrepetible. Es una unidad de cuerpo y espíritu dotada de inteligencia para conocer la verdad y de voluntad para -abrazando el bien- alcanzar la plenitud de la libertad. El valor eminente de la persona la convierte en un fin en sí misma, en el centro de todas las relaciones sociales y en sujeto de derechos y deberes inalienables.
Primacía de los derechos humanos que, por derivar de la naturaleza universal de la persona, han de ser garantizados por el Estado y respetados por todos los ciudadanos. Los derechos humanos son el fundamento de la paz social y -situados por encima de discusiones ideológicas- constituyen el punto de partida del debate democrático.
Libertad de conciencia y libertad religiosa. Todo ser humano tiene el derecho de formular libremente los juicios que lo dispongan a procurar el bien moral en sus ámbitos personal, familiar y social. Y todo ser humano tiene el derecho de aferrarse a las creencias religiosas a través de las cuales cobra sentido su propia existencia. El Estado, el ordenamiento jurídico internacional y la cultura deben proteger la libertad de conciencia y la libertad religiosa como los dos principales derechos humanos; y la tolerancia y el pluralismo democráticos no pueden ser amenazados por la dictadura del relativismo.
Defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La revigorización de la democracia demanda la construcción de una cultura de la vida en la cual el valor único e irrepetible de cada persona sea plenamente reconocido y jurídicamente protegido.
Promoción de la familia. A la familia se le debe garantizar un ámbito de autonomía que no puede violentar el Estado. La familia se asienta sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer y en el derecho de los padres a educar a los hijos. La convivencia familiar es, por su propia naturaleza, la escuela primaria del amor y de la donación humana. Es una escuela de virtudes que sirve de preámbulo al ejercicio de la ciudadanía y en la cual se debe modelar afirmativamente el alma de los ciudadanos. Y, de manera particular, la promoción de la familia debe ser, al mismo tiempo, la promoción de la mujer y de los jóvenes en la rehumanización de la sociedad.
Renovación de la cultura. La cultura es una de las formas más elevadas de expresión del espíritu humano. Es fruto de la libertad en su natural gravitación hacia la verdad y así debe ser respetada por el Estado. Pero en el mundo entero, y de manera especial en Latinoamérica, ocurren distorsiones culturales que amenazan la convivencia pacífica y crean condiciones sociales en las que se irrespeta la dignidad humana. Hoy se tiende a incurrir en relativismos culturales que relajan e instrumentalizan los derechos humanos. Por eso, urge renovar la cultura (educación, medios de comunicación, letras, arte) para reorientarla a la naturaleza humana y al respeto de la persona. Y este es, quizás, el desafío más grande de nuestro tiempo del cual dependen la vigencia de los derechos humanos y el mantenimiento de la democracia constitucional.
Fortalecimiento de la sociedad civil. El Estado no es la finalidad de la vida humana y no tiene el monopolio del bien común. Por el contrario, este tiene carácter ministerial. Sirve a la persona, a la familia y a los cuerpos intermedios de la sociedad. Un orden social es siempre más justo y humano si se promueve la primacía de la sociedad civil sobre el aparato del Estado, de manera que todos los ciudadanos colaboren libre y generosamente en la consecución del bien común. Mientras más respeto a la sociedad civil, más florecimiento de la libertad humana y más esferas de autonomía de la persona frente al Estado.
Democracia entendida como el cauce para la convivencia humana en justicia y en libertad, que exige la participación responsable de las personas en el concurso por el bien común. Toda democracia necesita de un sustrato ético que le sirva de cimiento y, por lo tanto, de un marco constitucional y legal que asegure la protección de los derechos humanos, la separación de poderes, la alternancia de poder y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas. Pero, sobre todo, la democracia requiere de valores, de búsqueda compartida y sincera de la verdad, y de un entorno cultural propicio para el ejercicio de virtudes cívicas por parte de los ciudadanos.
Economía humana y solidaria. El centro de la vida económica de las naciones es la persona humana. Estado y mercado deben estar al servicio de la persona humana y de las familias. La síntesis entre subsidiariedad y solidaridad es el sostén de la justicia social en libertad, en la cual es posible el desarrollo humano integral. En este sentido, una economía humana y solidaria presupone el respeto de la dignidad del trabajo, propiedad privada, libertad económica, un sistema monetario estable, servicios públicos eficientes y un Estado de derecho que garantice todo lo anterior. Y, de manera concreta, dentro de los desafíos económicos del continente se encuentran librar a nuestros países del mal de la pobreza, desideologizar la argumentación económica y prevenir los péndulos ideológicos entre la izquierda y la derecha.

Los integrantes de la red por la verdad y la libertad asumimos estos principios desde el rol social en el que nos corresponde servir y desde el país latinoamericano en el que nos toca vivir, convencidos de que la verdad da plenitud a la libertad tanto en la vida personal como en la convivencia política y social.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2023.

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